Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, el gobierno de Joe Biden, sancionó al Grupo Wagner, dedicado a la industria militar y a las empresas mineras; Mining Industries SARLU y Logistique Economique Extrangere.

WASHINGTON (apro).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció la aplicación de sanciones en contra de empresas militares y mineras de Rusia, acusándolas de formar parte de las tácticas de Moscú para desestabilizar naciones de África.

Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, el gobierno de Joe Biden, sancionó al Grupo Wagner, dedicado a la industria militar y a las empresas mineras; Mining Industries SARLU y Logistique Economique Extrangere.

El gobierno de Biden señala que estas empresas de Rusia son un aparato de intervencionismo, injerencia y desestabilización del presidente ruso Vladimir Putin, en la República Central de África (RCA).

La OFAC sostiene que Grupo Wagner y SARLU, desde 2017 cuando llegaron a la RCA han instalado un “vasto sistema” de seguridad y negocios que se ha ampliado a otras naciones del continente africano con el único objetivo de Putin, influir y desestabilizar a la región.

“Esta red lleva a cabo actividades de desestabilización a expensas de la soberanía de la RCA y operaciones destructivas que involucran la extracción ilícita de diamantes, oro y maderas preciosas”, sostiene el Departamento del Tesoro por medio de un comunicado de prensa.

Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, acota que Grupo Wagner y SARLU han explotado a la gente y a los recursos naturales de la RCA, con el único objetivo de promover los intereses del gobierno de Putin.

“Estados Unidos continuará sancionando a las agrupaciones y autoridades que respalden las actividades de Rusia para desestabilizar a países de África”, indicó Nelson por medio de una declaración escrita.

Las sanciones impuestas a estas empresas rusas implican la confiscación de bienes y congelamiento de cuentas bancarias y financieras que tengan en Estados Unidos y en territorios bajo la jurisdicción de este país.

Además, queda prohibido que ciudadanos y empresas estadunidenses se involucren directa o indirectamente con las empresas sancionadas y de hacerlo serán objeto de penalidades millonarias y sentencias de cárcel de hasta cinco años, para el caso de ejecutivos empresariales.